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| Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia |
La controversia que ha desatado la futura ley del aborto
tanto entre los opositores del Partido Popular como entre sus propias filas,
deja en evidencia el retroceso social que supone la modificación de esta
contrarreforma impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que
plantea, entre otros, la eliminación del sistema de plazos y la más aún
restrictiva eliminación del supuesto por malformación del feto. El nuevo texto,
que no sólo recuperaría, sino que endurecería la ley del aborto de 1985, supone
la supresión del derecho a decidir de la mujer ya que ésta no podrá abortar
libremente en las primeras 14 semanas de gestación como estaba estipulado hasta
ahora, sino que la nueva ley se regirá por un sistema de supuestos, es decir,
sólo en casos concretos se podrá abortar.
Esta propuesta de ley no sólo responde a la ideología reaccionaria
de la línea más dura del Partido Popular, sino a la intencionada condena de las
clases más desfavorecidas a las malas condiciones sociales. Estudios de la
Organización Mundial de la Salud concluyen que las medidas restrictivas no
reducen el número de abortos, es más, lo que hacen es aumentar el número de
prácticas abortivas clandestinas e ilegales, lo que conlleva a graves riesgos
sanitarios. En este sentido, la futura ley del aborto es una ley
discriminatoria, puesto que la mujer que quiera abortar lo seguirá haciendo aun
fuera de la ley. La diferencia estriba en que las únicas mujeres que podrán someterse
a un aborto con las condiciones sanitarias necesarias serán las que lo hagan en
el extranjero gracias a sus recursos económicos. El resto deberán abortar en
clínicas clandestinas con malas condiciones sanitarias arriesgando su propia
vida.