La retrógrada reforma de Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

La controversia que ha desatado la futura ley del aborto tanto entre los opositores del Partido Popular como entre sus propias filas, deja en evidencia el retroceso social que supone la modificación de esta contrarreforma impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que plantea, entre otros, la eliminación del sistema de plazos y la más aún restrictiva eliminación del supuesto por malformación del feto. El nuevo texto, que no sólo recuperaría, sino que endurecería la ley del aborto de 1985, supone la supresión del derecho a decidir de la mujer ya que ésta no podrá abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación como estaba estipulado hasta ahora, sino que la nueva ley se regirá por un sistema de supuestos, es decir, sólo en casos concretos se podrá abortar.

Esta propuesta de ley no sólo responde a la ideología reaccionaria de la línea más dura del Partido Popular, sino a la intencionada condena de las clases más desfavorecidas a las malas condiciones sociales. Estudios de la Organización Mundial de la Salud concluyen que las medidas restrictivas no reducen el número de abortos, es más, lo que hacen es aumentar el número de prácticas abortivas clandestinas e ilegales, lo que conlleva a graves riesgos sanitarios. En este sentido, la futura ley del aborto es una ley discriminatoria, puesto que la mujer que quiera abortar lo seguirá haciendo aun fuera de la ley. La diferencia estriba en que las únicas mujeres que podrán someterse a un aborto con las condiciones sanitarias necesarias serán las que lo hagan en el extranjero gracias a sus recursos económicos. El resto deberán abortar en clínicas clandestinas con malas condiciones sanitarias arriesgando su propia vida.

Por otra parte, el ministro alude al “derecho a la vida del no-nacido” para apoyar su eliminación del supuesto por malformación, pero nada dice del derecho a una vida digna que todo ser humano merece y que el Gobierno niega a quienes sufren una discapacidad. Entre las numerosas medidas de recorte impulsadas por el Gobierno, está la de suprimir 1.018 millones de la partida presupuestaria destinada a la Ley de Dependencia, con lo que muchas familias dejarán de percibir ayudas para asistir a familiares enfermos. Este recorte crea un dilema en numerosas familias ya que se ven en la obligación de dejar de trabajar para cuidar al enfermo o trabajar y desatenderlo. Por tanto, ¿cómo asegura el Gobierno una vida digna a una recién nacido con malformaciones si a la vez niega las ayudas necesarias para hacer frente al coste que supone una situación de este tipo? Por su parte, la Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia ha declarado que ya han aparecido numerosas aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes, lo que deja claro cuáles son las consecuencias de estas medidas: quien tenga recursos económicos suficientes podrá hacerse cargo de una persona discapacitada, y el que no, quedará abandonado a su suerte. La unión de ambas políticas (eliminación del supuesto de malformación y desmantelamiento de la Ley de Dependencia) supone una actuación inmoral que busca ensañarse con los más débiles.

El que en otra época fuera tildado como “uno de los más progresistas en las filas del Partido Popular”, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se revela hoy como uno de los más conservadores y reaccionarios con esta reforma de la ley del aborto que pretende calificar como “progresista” cuando no sólo adopta una ley de hace 30 años, sino que la vuelve aún más restrictiva. Las únicas justificaciones que el ministro da para este retroceso social y judicial son que el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad aconsejaba a España suprimir la distinción de plazos en caso de malformación, pero en ningún caso eliminar el supuesto como se pretende hacer creer. Es más,  diversos Comités de Naciones Unidas han manifestado que prohibir el aborto en supuestos de malformaciones constituye un trato cruel, inhumano y degradante para la mujer. Por tanto, teniendo en cuenta que los argumentos de Gallardón para justificar su polémica reforma, cabe preguntarse si su actuación no va más encaminada a apaciguar a los sectores más retrógrados del Partido Popular y ceder a las presiones de la Conferencia Episcopal con Rouco Varela al frente, al cual el ministro parece que debe resarcir por no haberse opuesto en el pasado a algo tan “poco cristiano” como el matrimonio homosexual.

Declaraciones como la de la diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero, en el Congreso afirmando que las mujeres que más abortan son las que menos formación tienen (lo cual se ha demostrado que es falso) o las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmando que el aborto tenía “algo que ver con ETA” dejan en evidencia la enorme ignorancia de un Gobierno que se rige por unas ideas basadas en el desconocimiento de la realidad y las opiniones personales de sus dirigentes más radicales y antiprogresistas. Está por ver cuál es el texto definitivo de la nueva ley del aborto, pero de aprobarse una ley tan reaccionaria e hipócrita como la que el ministro Gallardón ha defendido, España quedaría relegada a ser uno de los países europeos con una legislación abortiva más dura considerando tal práctica, no un derecho, sino un “fracaso” que sólo podrá ejercerse bajo tutela médica.