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| El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos |
El
escándalo de la militancia del Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, en el Partido Popular no está teniendo,
incomprensiblemente, la atención que merece por parte de la ciudadanía. El
hecho de que el Presidente del Tribunal Constitucional muestre una clara
militancia hacia un partido político (el PP en este caso) es de una gravedad
tan grande que parece mentira que no se haya movilizado una enorme sector de la
sociedad para protestar contra este magistrado que, encima, muestra con orgullo
su militancia.
El
Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, es él quien
dice qué leyes y actos están de acuerdo con la ley española o cuáles la están
violando. Es este órgano quien debe velar por que la Constitución sea cumplida,
porque los derechos de los españoles no sean vulnerados. Es, por así decirlo,
quien tiene en sus manos que las leyes se adapten a la Constitución o no.
Teniendo en cuenta esto, la independencia de los jueces que integran este
tribunal es de una importancia absoluta, pues es en ellos en quienes recae la
responsabilidad de velar por el Estado de Derecho. El hecho de que el
presidente del Tribunal Constitucional esté en connivencia con un partido
político tiene como riesgo que las leyes que dicta el Gobierno del PP, puedan
no ser nunca declaradas inconstitucionales, ya que los intereses del Gobierno y
el Tribunal son los mismos.
Leyes
como la de no permitir a lesbianas o madres solteras a disfrutar de una
reproducción asistida, que a todas luces viola el derecho a la no
discriminación, podrían ser declaradas constitucionales por el Tribunal
Constitucional si así lo deseara interpretar. Y lo mismo pasaría con las leyes
educativas, sanitarias o laborales que está imponiendo el PP. La Justicia, y
ella defendida por el Derecho, es el valor más importante para que los derechos
de los ciudadanos estén asegurados. La Sanidad, la Educación o las condiciones
laborales son también de una gran importancia, pero debemos tener en cuenta que
sin Justicia, ninguno de esos derechos están garantizados, de ahí la
importancia de una justicia imparcial.
Resulta
vergonzoso no sólo ver cómo el juez que representa el máximo aval del Estado
democrático afirme que es militante de un partido político y que encima se niegue
a dimitir, sino ver también a ministros como Gallardón defendiendo la labor de
este hombre, que está claramente en oposición a lo que dice la Constitución
Española:
Artículo 127. 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales,
mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni
pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Es evidente que, tanto el ministro
como el juez actúan contra la legalidad. Sin embargo, si esta actitud del
presidente del Tribunal Constitucional se pusiera en tela de juicio y fuera
juzgada, el máximo responsable de establecer si la militancia es legal o no,
sería el propio Tribunal Constitucional, de ahí la gravedad del asunto. Que el
encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución Española sea una
juez que se encuentra entre las filas del Partido Popular es un atentado contra
el principio más básico de la democracia y de los derechos de los ciudadanos.
Este asunto es mucho más importante que la corrupción del Gobierno de Mariano
Rajoy, mucho más que la reforma Sanitara y mucho más que los recortes
educativos, y lo es porque, en última instancia, todos dependen del Tribunal
Constitucional.
Si permitimos que un militante de un
partido político, sea el que sea, de izquierdas o derechas, forme parte de un
órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, no sólo la justicia
no existirá en España, sino que lo injusto pasará a ser lo justo.
