La evidente manipulación a la que está
siendo sometida la sociedad española a través del canal de Televisión Española
pública está alcanzando cotas alarmantes. La televisión pública (mantenida con
el dinero de todos) es un derecho al que todos los ciudadanos deben tener
acceso, pero ésta debe proporcionar una información objetiva. Si bien
es cierto que es difícil alcanzar la objetividad plena, esto no puede servir de
excusa para emitir unos contenidos informativos que sirvan a los intereses del
Gobierno de turno, como es el caso del Partido Popular en la actualidad. Radio
Televisión Española es un servicio que sufragan todos los contribuyentes y, por
tanto, éstos tienen derecho a que la información que se les proporcione sea
veraz, sin ningún sesgo político y sin ocultar información, con la intención de
que la sociedad sea consciente de la realidad en la que vive. A pesar de ello,
durante el Gobierno del Partido Popular, éste servicio público entendido como
un instrumento al servicio de los ciudadanos, ha sufrido un enorme revés.
La ley de
2006 establecía un mínimo consenso en la elección del Presidente de RTVE, ya
que exigía los dos tercios del Congreso para su aprobación. Sin embargo, el Partido
Popular decidió acabar en 2012 con esta ley pasando a bastar la mayoría
absoluta del Parlamento a la hora de elegir al máximo dirigente de la
televisión pública española, con lo que se aseguraba el control total de RTVE, ya
que con la reforma podría elegir a quien quisiera como presidente sin necesidad
de negociar. ¿Por qué llevó el Partido Popular a cabo esta reforma? No parece
que haya sido con intención de mejorar la imparcialidad (obligatoria en un
servicio público) de sus informativos, ya
que si se exige consenso, necesariamente habrá cierta pluralidad. A todas luces
se ve que la reforma estuvo hecha con el fin de controlar ideológicamente el
canal de información público. Sea como fuere, tras la reforma y nueva formación
del Consejo de RTVE, éste eligió como director de los servicios informativos a Julio Somoano, ex presidente de informativos e
Telemadrid. Cabe preguntarse si la persona más indicada para presidir un canal de televisión público en el que debe primar la
imparcialidad, es alguien cuya tesis doctoral se titula “Estrategia decomunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales”.
Julio Somoano, director de informativos de TVE |
Desde el
partido popular se aseguró que no había injerencias políticas en la elección de
Somoano como director de informativos de TVE, pero un año después, vemos que
las injerencias en los informativos de TVE no son sólo políticas, sino también
ideológicas. En evidencia quedó la imparcialidad de TVE hace dos semanas cuando
el propio Consejo de Informativos denunciaba la manipulación de lasinformaciones vertidas en “Informe Semanal” donde, tratando los escraches, se
daba voz únicamente a personas que se oponían a estas acciones. Por otra parte,
la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, denunció el veto que ejerció sobre ella La2 al no emitir la entrevista que la habían
realizado aduciendo que los escraches habían tomado un cariz “político”.
Incluso la propia presentadora de los informativos, Ana Blanco, ha denunciado que se obviaban las oposiciones a la Ley de Costas en los contenidos emitidos.
Sin
embargo, la manipulación ha adquirido ya un carácter grotesco en las últimas
semanas con la afirmación, en los propios informativos, de que rezar ante un altar puede aliviar la ansiedad de quedarse sin paro, o del reportaje que animaba a los padres a aconsejar a sus hijos no vestir ropa “sexy” para no provocar. El carácter político ha dado paso a un descarado carácter ideológico
en los contenidos de TVE. Cada vez queda más patente la intención del canal
público de inculcar una moral e ideología determinada en sus espectadores,
fruto de las intenciones del Gobierno de emplear la cadena pública como un
instrumento de manipulación y adoctrinamiento propio de la sociedad de hace
cincuenta años. Es evidente el peso que tiene la Iglesia en le Gobierno de
Mariano Rajoy, cuyo ejecutivo, a través de diversas medidas, pretende inculcar
ideologías y dejar fuera de la ley determinados actos que son más reprobables a
ojos de la Conferencia Episcopal que a los de un Estado de Derecho.
Manipular
información u ocultar partes de ésta es uno de los actos más antidemocráticos
que un medio de comunicación puede llevar a cabo, más aún si se trata de un
medio público, supuesto en el que cabría pensar si no se está produciendo una
acción inconstitucional. Uno de los elementos más poderosos que existen es la
información, algo que el Gobierno del Partido Popular sabe muy bien y por ello
se apresuró a asegurarse el control de TVE con la reforma de la ley. Sabe que
si no se muestran las declaraciones de los manifestantes, los espectadores no
serán conscientes de éstas, pero sí que verán cómo los líderes políticos tildan
de nazis y terroristas los mismos. Mostrando sólo la parte negativa de las
protestas y eliminando las opiniones que difieren de las suyas, se aseguran que
la sociedad se mantenga con miedo y desinformada para que no haya oposición a
sus políticas. Los ciudadanos deben exigir una televisión pública independiente
que proporcione información objetiva y veraz, ya que con una televisión
manipulada como la actual, la democracia está abocada al fracaso.
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