Falsas Esperanzas

          La simpleza con la que la otrora “lideresa” de la Comunidad de Madrid habla y escribe sus artículos en los medios de comunicación es pasmoso. En su post del 30 de abril titulado “Sí, hay alternativa”, sentencia con la habitual profundidad analítica de sus discursos: “Ha llegado la hora de aplicarla (la alternativa del Partido Popular): reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis”. Perfecto. Según ella, recortando más y más en el sector público, en Sanidad, en Educación y Cultura, las entidades bancarias darán crédito a todas las familias para que compren y se reactive la economía. Todo muy simple, muy limpio, pero lo que nos quiere decir realmente es lo que ya todos vemos: despediremos funcionarios para ahorrar dinero y así pagar la deuda. No dice nada de que a más parados, menos consumo y menos recaudación para las pensiones. Y sin consumo, el sistema económico se hunde poco a poco, y sin pensiones, los jubilados se quedan sin ingresos.

Esperanza Aguirre

          La política de reducción del sector público es la que aplicó la más rancia y reaccionaria de las integrantes del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, gracias a la cual nos quiso hacer ver que había rebajado el déficit de Castilla La Mancha en más de 6 puntos, algo que no había conseguido ninguna otra comunidad autónoma de España. Lo que no dijo es que, para lograr ese déficit, recortó al máximo en Sanidad y Educación: incrementó del número de alumnos por aula, eliminó la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar, aumentó del horario laboral de los profesores a la vez que fomentó las prácticas no remuneradas de los becarios, intentó cerrar los servicios de urgencias nocturnos (proyecto al que finalmente tuvo que renunciar tras declararlo inconstitucional el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)... Todo ello acompañado de una subida de los sueldos de los altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha mientras que se aplicaba una reducción de salarios a todos los funcionarios. Si a esto le sumamos que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más alta tasa de desempleo (31,51%), resulta más que evidente que la reducción del déficit se está consiguiendo a costa de destruir el Estado de bienestar.