Amnistía Internacional reconoce el abuso policial en España

Represión policial durante la manifestación del 25-S

Es realmente vergonzoso que España aparezca mencionada, entre otros países, en el Informe Anual de Amnistía Internacional 2013 con motivo de la brutalidad policial que ejerce el cuerpo de policía contra los ciudadanos que se manifiestan en la calle. Entre otros motivos, Amnistía Internacional asegura que en nuestro país se violan derechos básicos amparándose en los casos de tortura por parte de los mossos d'esquadra y la Guardia Civil, la no admisión a trámite de denuncias a la policía por parte de manifestantes que son aporreados “a pesar de haber mostrado una actitud pacífica durante toda la manifestación”, la violencia policial contra periodistas acreditados y manifestantes que no ejercían ningún tipo de violencia… Además, denuncia que durante estas manifestaciones, los policías no portaban placas de identificación, con lo que la impunidad resultaba total. Los vídeos que evidencian estos abusos y la infiltración policial en las manifestaciones para iniciar los actos violentos desde el bando manifestante abundan en la red. Sin embargo, y a pesar de las evidencias, el Gobierno niega que se esté actuando de forma desproporcionada contra los manifestantes pacíficos.

        Resulta aterrador que el Gobierno de España asegure que en el país se cumple el Derecho Internacional y se aseguren los derechos básicos de la ciudadanía cuando multitud de medios y organizaciones internacionales de reconocido prestigio dicen exactamente lo contrario. Esta actitud de negar que sean ciertas todas las críticas que vienen al Gobierno desde fuera, invita a desconfiar y a pensar si no sólo están abusando legal y físicamente de las personas en los asuntos que ven la luz y hay muchos más casos que aún no se han descubierto.

Falsas Esperanzas

          La simpleza con la que la otrora “lideresa” de la Comunidad de Madrid habla y escribe sus artículos en los medios de comunicación es pasmoso. En su post del 30 de abril titulado “Sí, hay alternativa”, sentencia con la habitual profundidad analítica de sus discursos: “Ha llegado la hora de aplicarla (la alternativa del Partido Popular): reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis”. Perfecto. Según ella, recortando más y más en el sector público, en Sanidad, en Educación y Cultura, las entidades bancarias darán crédito a todas las familias para que compren y se reactive la economía. Todo muy simple, muy limpio, pero lo que nos quiere decir realmente es lo que ya todos vemos: despediremos funcionarios para ahorrar dinero y así pagar la deuda. No dice nada de que a más parados, menos consumo y menos recaudación para las pensiones. Y sin consumo, el sistema económico se hunde poco a poco, y sin pensiones, los jubilados se quedan sin ingresos.

Esperanza Aguirre

          La política de reducción del sector público es la que aplicó la más rancia y reaccionaria de las integrantes del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, gracias a la cual nos quiso hacer ver que había rebajado el déficit de Castilla La Mancha en más de 6 puntos, algo que no había conseguido ninguna otra comunidad autónoma de España. Lo que no dijo es que, para lograr ese déficit, recortó al máximo en Sanidad y Educación: incrementó del número de alumnos por aula, eliminó la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar, aumentó del horario laboral de los profesores a la vez que fomentó las prácticas no remuneradas de los becarios, intentó cerrar los servicios de urgencias nocturnos (proyecto al que finalmente tuvo que renunciar tras declararlo inconstitucional el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)... Todo ello acompañado de una subida de los sueldos de los altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha mientras que se aplicaba una reducción de salarios a todos los funcionarios. Si a esto le sumamos que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más alta tasa de desempleo (31,51%), resulta más que evidente que la reducción del déficit se está consiguiendo a costa de destruir el Estado de bienestar.