La retrógrada reforma de Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

La controversia que ha desatado la futura ley del aborto tanto entre los opositores del Partido Popular como entre sus propias filas, deja en evidencia el retroceso social que supone la modificación de esta contrarreforma impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que plantea, entre otros, la eliminación del sistema de plazos y la más aún restrictiva eliminación del supuesto por malformación del feto. El nuevo texto, que no sólo recuperaría, sino que endurecería la ley del aborto de 1985, supone la supresión del derecho a decidir de la mujer ya que ésta no podrá abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación como estaba estipulado hasta ahora, sino que la nueva ley se regirá por un sistema de supuestos, es decir, sólo en casos concretos se podrá abortar.

Esta propuesta de ley no sólo responde a la ideología reaccionaria de la línea más dura del Partido Popular, sino a la intencionada condena de las clases más desfavorecidas a las malas condiciones sociales. Estudios de la Organización Mundial de la Salud concluyen que las medidas restrictivas no reducen el número de abortos, es más, lo que hacen es aumentar el número de prácticas abortivas clandestinas e ilegales, lo que conlleva a graves riesgos sanitarios. En este sentido, la futura ley del aborto es una ley discriminatoria, puesto que la mujer que quiera abortar lo seguirá haciendo aun fuera de la ley. La diferencia estriba en que las únicas mujeres que podrán someterse a un aborto con las condiciones sanitarias necesarias serán las que lo hagan en el extranjero gracias a sus recursos económicos. El resto deberán abortar en clínicas clandestinas con malas condiciones sanitarias arriesgando su propia vida.

"Obrero y de derechas, ¡Y a mucha honra, oiga!"

Viñeta de El Roto

Si observamos la situación social actual, no sólo de España, sino de todos los países del sur de Europa, veremos que el descontento con las políticas de austeridad que los gobiernos están imponiendo bajo el mandato de la llamada “troika”, es generalizado. Las políticas de recortes en educación, sanidad, la privatización de sectores públicos o el empeoramiento de las condiciones laborales no gozan del favor de la mayor parte de los ciudadanos, y muchos de ellos se manifiestan en las calles, a pesar de que desde el Gobierno se encargan de amedrentar a los atrevidos que se atreven a protestar. Esta represión policial es, posiblemente, la que hace que muchos de los ciudadanos descontentos se lo piensen dos veces antes de salir a protestar, pero hay muchos otros que no salen a la calle por otro motivo: a pesar de ser trabajadores y defienden a la derecha neoliberal.

El obrero (o trabajador, por no sonar revolucionario) de derechas es aquel trabajador que, viendo que la gente con mayor poder adquisitivo, (la clase alta, es decir: banqueros y grandes empresarios) es de derechas, adopta la misma forma de pensar porque cree que algún día así llegará a pertenecer a esa clase elitista, explotadora y sin escrúpulos. El hecho de llevar traje a la hora de trabajar o tener un chalé en la sierra ya le hace sentir que no es trabajador, que no pertenece a esa parte de la sociedad que debe ponerse un mono azul o reflectante durante su jornada laboral. Lo que el obrero de derechas no sabe es que su idolatrada clase alta, los empresarios ejemplares (cuyos únicos méritos son sus beneficios monetarios al final del ciclo económico y no el buen trato a sus empleados), gozan de tal situación económica aprovechándose de su trabajo. La completa ignorancia del obrero de derechas sobre lo que realmente supone una ideología de este tipo es la única explicación para que la defienda.

El dilema de Francisco de Goya

          Con motivo de la celebración de los levantamientos populares que se iniciaron en Madrid hace 205 años contra las tropas napoleónicas que pretendían invadir España, no serán pocas las menciones que se harán al famoso cuadro de Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo. Se repetirá la historia de siempre: los madrileños, a quienes se pretendía imponer un rey extranjero (José Bonaparte), salieron a la

Autorretrato,
de Francisco de Goya (1815)

calle con piedras y cuchillos para expulsar a los franceses que querían someterlos. Por supuesto, esta afirmación no deja de ser cierta pero, como suele suceder, hasta nosotros sólo llega una versión simplista de los acontecimientos,  una versión que pretende avivar un sentimiento nacionalista y que no permite ver el conflicto en toda su dimensión. A pesar del legítimo levantamiento del pueblo español contra las tropas napoleónicas invasoras, muchos intelectuales españoles de la época como Juan Meléndez Valdés o Leandro Fernández de Moratín veían en los franceses la llegada de las luces a un país sumido en la miseria, la incultura y el analfabetismo, un país todavía esclavizado por el peso de la religión, la superstición y la ignorancia al que unos Carlos IV y Fernando VII traicionaban y oprimían. Francisco de Goya fue uno de estos intelectuales que veían en la llegada de los franceses la esperanza de que el germen de la Ilustración quedara en tierras españolas e hiciera florecer la revolución intelectual y cultural que había acontecido en Francia. No fue el único, pero, al igual que él, los que defendían la llegada de los vecinos del norte fueron tachados de "afrancesados", antipatriotas y traidores. El deseo de que la cultura y el triunfo de la razón ilustrada llegara a España era, como lo sigue siendo hoy en día, idea incómoda para algunos.

Falsas Esperanzas

          La simpleza con la que la otrora “lideresa” de la Comunidad de Madrid habla y escribe sus artículos en los medios de comunicación es pasmoso. En su post del 30 de abril titulado “Sí, hay alternativa”, sentencia con la habitual profundidad analítica de sus discursos: “Ha llegado la hora de aplicarla (la alternativa del Partido Popular): reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis”. Perfecto. Según ella, recortando más y más en el sector público, en Sanidad, en Educación y Cultura, las entidades bancarias darán crédito a todas las familias para que compren y se reactive la economía. Todo muy simple, muy limpio, pero lo que nos quiere decir realmente es lo que ya todos vemos: despediremos funcionarios para ahorrar dinero y así pagar la deuda. No dice nada de que a más parados, menos consumo y menos recaudación para las pensiones. Y sin consumo, el sistema económico se hunde poco a poco, y sin pensiones, los jubilados se quedan sin ingresos.

Esperanza Aguirre

          La política de reducción del sector público es la que aplicó la más rancia y reaccionaria de las integrantes del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, gracias a la cual nos quiso hacer ver que había rebajado el déficit de Castilla La Mancha en más de 6 puntos, algo que no había conseguido ninguna otra comunidad autónoma de España. Lo que no dijo es que, para lograr ese déficit, recortó al máximo en Sanidad y Educación: incrementó del número de alumnos por aula, eliminó la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar, aumentó del horario laboral de los profesores a la vez que fomentó las prácticas no remuneradas de los becarios, intentó cerrar los servicios de urgencias nocturnos (proyecto al que finalmente tuvo que renunciar tras declararlo inconstitucional el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)... Todo ello acompañado de una subida de los sueldos de los altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha mientras que se aplicaba una reducción de salarios a todos los funcionarios. Si a esto le sumamos que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más alta tasa de desempleo (31,51%), resulta más que evidente que la reducción del déficit se está consiguiendo a costa de destruir el Estado de bienestar.