Militancia y Justicia

El Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos

El escándalo de la militancia del Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en el Partido Popular no está teniendo, incomprensiblemente, la atención que merece por parte de la ciudadanía. El hecho de que el Presidente del Tribunal Constitucional muestre una clara militancia hacia un partido político (el PP en este caso) es de una gravedad tan grande que parece mentira que no se haya movilizado una enorme sector de la sociedad para protestar contra este magistrado que, encima, muestra con orgullo su militancia.

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, es él quien dice qué leyes y actos están de acuerdo con la ley española o cuáles la están violando. Es este órgano quien debe velar por que la Constitución sea cumplida, porque los derechos de los españoles no sean vulnerados. Es, por así decirlo, quien tiene en sus manos que las leyes se adapten a la Constitución o no. Teniendo en cuenta esto, la independencia de los jueces que integran este tribunal es de una importancia absoluta, pues es en ellos en quienes recae la responsabilidad de velar por el Estado de Derecho. El hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional esté en connivencia con un partido político tiene como riesgo que las leyes que dicta el Gobierno del PP, puedan no ser nunca declaradas inconstitucionales, ya que los intereses del Gobierno y el Tribunal son los mismos.

Leyes como la de no permitir a lesbianas o madres solteras a disfrutar de una reproducción asistida, que a todas luces viola el derecho a la no discriminación, podrían ser declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional si así lo deseara interpretar. Y lo mismo pasaría con las leyes educativas, sanitarias o laborales que está imponiendo el PP. La Justicia, y ella defendida por el Derecho, es el valor más importante para que los derechos de los ciudadanos estén asegurados. La Sanidad, la Educación o las condiciones laborales son también de una gran importancia, pero debemos tener en cuenta que sin Justicia, ninguno de esos derechos están garantizados, de ahí la importancia de una justicia imparcial.

Resulta vergonzoso no sólo ver cómo el juez que representa el máximo aval del Estado democrático afirme que es militante de un partido político y que encima se niegue a dimitir, sino ver también a ministros como Gallardón defendiendo la labor de este hombre, que está claramente en oposición a lo que dice la Constitución Española:

Artículo 127. 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

Es evidente que, tanto el ministro como el juez actúan contra la legalidad. Sin embargo, si esta actitud del presidente del Tribunal Constitucional se pusiera en tela de juicio y fuera juzgada, el máximo responsable de establecer si la militancia es legal o no, sería el propio Tribunal Constitucional, de ahí la gravedad del asunto. Que el encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución Española sea una juez que se encuentra entre las filas del Partido Popular es un atentado contra el principio más básico de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Este asunto es mucho más importante que la corrupción del Gobierno de Mariano Rajoy, mucho más que la reforma Sanitara y mucho más que los recortes educativos, y lo es porque, en última instancia, todos dependen del Tribunal Constitucional.

Si permitimos que un militante de un partido político, sea el que sea, de izquierdas o derechas, forme parte de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, no sólo la justicia no existirá en España, sino que lo injusto pasará a ser lo justo.

Caricatura de una manifestación

Los últimos acontecimientos desencadenados por las declaraciones del ex tesorero del Partido Popular,  Luis Bárcenas, han desatado, una vez más, la indignación ciudadana. Los comentarios al respecto han corrido como la pólvora por internet, proponiendo una manifestación para el jueves 18 en las sedes del PP de toda España con la intención de que el Presidente del Gobierno se vea forzado a dimitir. La manifestación lleva por nombre “Barbacoa Desituyente”, en clara y chistosa relación a los chorizos que, sin duda, hay en España y, según parece, en el Partido Popular.

Si nos fijamos un poco en las redes sociales, veremos que las menciones de “Rajoy dimisión” o “Que se vaya la mafia” abundan por doquier, pero cuando llega el momento de manifestarse en la calle, el número de manifestantes es mucho menor. La cantidad de gracietas ocurrentes sobre los chorizos y los políticos en la redes es abrumadora, lo que hace pensar que la indignación entre los ciudadanos está alcanzando unas cotas asombrosas. Sin embargo la realidad es muy distinta, y las manifestaciones en la calle son cada vez menos apoyada por los ciudadanos, que prefieren quedarse en casa como si la dimisión de un presidente se pudiera forzar a golpe de “hashtag”.

Google, el ojo que todo lo ve

       Al igual que las novelas de Julio Verne fueron precursoras de algunos de los inventos más importantes del siglo XX, la que escribió el británico George Orwell titulada 1984 se ha revelado como la profetización del Estado autoritario impuesto con el beneplácito de la sociedad. El hecho de que haya salido a la luz que compañías como Apple o Facebook proporcionen los datos de sus millones de usuarios para actividades de espionaje es un escándalo que afecta directamente a la libertad individual de cada uno de sus usuarios. El hecho de que la Agencia de Seguridad estadounidense haya acumulado, de forma ilícita, datos de los millones de usuarios de las redes sociales es algo más propio de la KBG que de un país que se supone el paradigma de la libertad.

           Bajo la milimétricamente estudiada imagen de seriedad de Apple, o los divertidos colores del logo de Google (que nos vende ahora su mundo perfecto con películas como “Los becarios”) se encuentra una enorme maquinaria de control de la sociedad. Esta trabajada imagen de cercanía, seriedad y profesionalidad es la que hace que mucha gente no se dé cuenta del problema que supone para el desarrollo de una sociedad libre el que una órgano tenga un historial completo de lo que hacemos a través de la red. Las ideas políticas, las preferencias sexuales, las transacciones bancarias, las inquietudes y deseos… Todo ello queda registrado en un sistema que puede controlarnos sin que nosotros nos demos apenas cuenta, con las consecuencias que todo ello conlleva.

Información a medias para una falsa realidad

Acostumbrados como estamos a que la prensa y, sobre todo, la televisión nos den una visión "masticada" de la realidad, este pequeño artículo, sin ser demasiado extenso, pretende, modestamente, ejemplificar cómo los medios manipulan y sesgan la información tratando de engañarnos y dirigir nuestra forma de pensar ocultándonos información.

Hugo Chávez en las
Naciones Unidas en 2006

Prácticamente todos hemos visto el vídeo de Hugo Chávez en el que, durante un discurso pronunciado en la Asamblea de las Naciones Unidas de 2006, llamaba al por entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush "diablo" que había dejado "olor a azufre" en la tribuna. El vídeo, de apenas unos minutos, corrió por internet como la pólvora, apareciendo en medios de radio y televisión que se mofaban de la intervención del ya fallecido presidente de Venezuela. Esa es la imagen que todo el mundo retuvo de Chávez gracias a los medios, la de un simple bufón. Sin embargo, la intervención duró veinticinco minutos en los cuales se denunciaba la política imperialista de Estados Unidos y los estragos que producía a muchos países del mundo.

Al margen de las afinidades políticas e ideológicas que uno pueda tener, es conveniente que, al igual que podemos ver un discurso de Barack Obama o de Mariano Rajoy (discursos que sí reproducirán los medios), lo hagamos también con los demás líderes con el fin de poder valorar, al menos, todos los puntos de vista. ¿En realidad alguien piensa que la intervención anteriormente citada se limitó a llamar "diablo" a Bush? ¿Cree alguien de verdad que detrás de un discurso pronunciado ante todos los líderes del mundo no hay nada más? Estoy seguro de que, si el lector dedica un poco de tiempo a escuchar la intervención de Chávez, acabe teniendo una visión muy diferente de la que nos han mostrado los medios. Como digo, no es necesario estar de acuerdo con su forma de pensar pero, sin duda, la imagen de persona ruda e inculta que se ha presentado a la opinión pública, quedará por los suelos.

La prensa contra los ciudadanos

Manifestantes en la Plaza Taksim (Estambul) en 2013

Las revueltas que están teniendo lugar en diversos países del mundo en los últimos meses como las de Brasil o Turquía están dando mucho que hablar en los medios y en las redes. Tras la primavera árabe, están siendo muchos los países que están experimentando conflictos entre los ciudadanos y sus gobiernos. Según explican los grandes medios de comunicación, las revueltas se han originado por la destrucción de un parque en Turquía o la subida tarifaria de los autobuses brasileños. Bien podría ser cierto que este ha sido el detonante de estos durísimos enfrentamientos que se han saldado con varios heridos y muertos, pero poco a poco (y a menos que se deje de hablar de ello en los medios), se está viendo que el verdadero motivo de las revueltas es el hartazgo de las clases más desfavorecidas y oprimidas contra el sistema. El miedo de los medios de comunicación y las multinacionales que las financian a que los países occidentales despertemos contagiados por estas revoluciones, es el motivo de que todos los diarios y televisiones aporten la misma visión simplista y sesgada de la realidad de estos acontecimientos.

Las lúcidas previsiones de Julio Anguita

Ahora que los dos partidos políticos mayoritarios están en declive por el hundimiento del bipartidismo en España, deberíamos hacer memoria y repasar alguna de las acciones de los políticos que fueron protagonistas en los días de la adopción Tratado de la Unión Europea, unión en la que España, al igual que Italia, Grecia o Portugal se sienten más esclavos que miembros.

La única mención posible la merece el, por aquel año de 1992, Secretario General del Partido Comunista de España y Coordinador General de Izquierda Unida, Julio Anguita. Y es la única posible porque fue el único que mantuvo un discurso diferente al resto de partidos, un discurso de negación del Tratado de Maastritch al cual veía, y muy acertadamente como un tratado en el que “la política social es algo inexistente”.

Mientras el resto de partidos, sin excepción, se sumaba a la “fiesta de Europa” y la vendían como un paso que merecía la pena dar para lograr una mejora del bienestar social, Anguita mantuvo su discurso contra el tratado pidiendo al Presidente del Gobierno, Felipe González, que se realizara un referéndum al igual que se hizo en Francia, cosa que el Presidente no estimó oportuno.

La falsa libertad neoliberal

Podemos afirmar que existen, básicamente, dos modelos de sistema: por una lado tenemos el capitalismo, y por otro el socialismo y el comunismo. Si tenemos en cuenta cuáles son los valores que sustentan estas ideologías, veremos que en el primero, en el sistema capitalista neoliberal, el valor fundamental, al menos en apariencia, es la libertad, mientras que en el socialista o comunista es la igualdad.

Libertad, igualdad, fraternidad,
lema de la Revolución Francesa

Según nos dice el capitalismo neoliberal, la libertad es imposible si existe un Estado que coarte la actividad económica de las empresas, por ejemplo, de un país. Es decir, el Estado debe dejar hacer con total libertad y no inmiscuirse en las actividades económicas de las empresas. Por tanto, esta es la libertad que el sistema neoliberal defiende: la libertad por encima de todo, sin cortapisas. Ahora bien, debemos ver las consecuencias que conlleva esta libertad, porque no hace falta reflexionar demasiado para darse cuenta de que esta libertad total va en contra del mismo principio supremo que defiende. Por todos es conocida la frase “mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro”. Esto quiere decir que, si bien yo soy libre, lo soy hasta el punto en que no perjudique a otra persona, que debe tener tanta libertad como yo. Por tanto, la libertad no puede ser total, ya que ese dejar hacer sin límites puede dañar a otras personas que también deben ser libres. Por poner un ejemplo simplificado vamos a suponer que en una sociedad existe libertad total y a una persona se le antoja hacer un experimento científico probando en otras personas y sin su consentimiento un medicamento del que no se saben sus efectos secundarios ¿No debería haber alguien o algo que regulara que la libertad de los demás se respete? ¿No debe existir un órgano que “regule” la libertad?

Este ejemplo de “cobayas humanas” por muy exagerado que parezca, los llevan a cabo hoy en día las empresas farmacéuticas pero, por poner un ejemplo que nos toque más de cerca, podemos hablar de la situación actual en España y en la mayoría de países europeos mediterráneos. Quienes defienden el sistema neoliberal son partidarios de dar cada vez más libertad a las empresas en materia de despido: demos más libertad para despedir, que las empresas sabrán actuar éticamente. Sin embargo, esto afecta dramáticamente a las personas que trabajan, pues quedarán sin trabajo y sin posibilidad de subsistir. Podrá decirse que una empresa, si tiene pérdidas es normal que despida trabajadores, pero no se puede hacer sin tener en cuenta la indemnización que ello debe conllevar y mucho menos si tenemos en cuenta que la empresa, generalmente, no despedirá por tener pérdidas, sino por no tener los beneficios que desea. Las consecuencias de esta libertad neoliberal se han visto hace poco en cómo empresas como Inditex o Primark, amparadas en esta libertad empresarial, explotaban en condiciones infrahumanas a trabajadores de Blangladesh.

Amnistía Internacional reconoce el abuso policial en España

Represión policial durante la manifestación del 25-S

Es realmente vergonzoso que España aparezca mencionada, entre otros países, en el Informe Anual de Amnistía Internacional 2013 con motivo de la brutalidad policial que ejerce el cuerpo de policía contra los ciudadanos que se manifiestan en la calle. Entre otros motivos, Amnistía Internacional asegura que en nuestro país se violan derechos básicos amparándose en los casos de tortura por parte de los mossos d'esquadra y la Guardia Civil, la no admisión a trámite de denuncias a la policía por parte de manifestantes que son aporreados “a pesar de haber mostrado una actitud pacífica durante toda la manifestación”, la violencia policial contra periodistas acreditados y manifestantes que no ejercían ningún tipo de violencia… Además, denuncia que durante estas manifestaciones, los policías no portaban placas de identificación, con lo que la impunidad resultaba total. Los vídeos que evidencian estos abusos y la infiltración policial en las manifestaciones para iniciar los actos violentos desde el bando manifestante abundan en la red. Sin embargo, y a pesar de las evidencias, el Gobierno niega que se esté actuando de forma desproporcionada contra los manifestantes pacíficos.

        Resulta aterrador que el Gobierno de España asegure que en el país se cumple el Derecho Internacional y se aseguren los derechos básicos de la ciudadanía cuando multitud de medios y organizaciones internacionales de reconocido prestigio dicen exactamente lo contrario. Esta actitud de negar que sean ciertas todas las críticas que vienen al Gobierno desde fuera, invita a desconfiar y a pensar si no sólo están abusando legal y físicamente de las personas en los asuntos que ven la luz y hay muchos más casos que aún no se han descubierto.

La manipulación de los medios contra Venezuela

Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela

Las elecciones venezolanas del pasado mes de abril han dado mucho que hablar en los medios de comunicación españoles, aunque siempre despreciando y poniendo en tela de juicio al gobierno de Nicolás Maduro y a sus electores, como suele ocurrir cada vez que se celebran elecciones en Venezuela desde que Chávez ascendió al poder. Tras la muerte de Hugo Chávez, estaba en la cuerda floja la continuidad del chavismo, ya que sin la presencia del carismático líder, el apoyo de los electores a Nicolás Maduro se tambaleaba. El líder de la oposición, Henrique Capriles, que ya fue derrotado por Chávez resultó perdedor de nuevo en este proceso electoral, por lo que, a la desesperada intentó denunciar irregularidades en el recuento de votos. Todos los medios de comunicación españoles se dieron eco de la noticia, mostrando sus dudas ante la elección de Maduro como presidente electo. Y para ello se valieron de las afirmaciones de Capriles en una rueda de prensa en la que “explicaba” cómo se habían manipulado los votos, explicación que después resultó ser falsa o errónea, según quiera verse.

A pesar de que diversos observadores internacionales (entre los que se encuentra la norteamericana Fundación Carter) han certificado la limpieza del proceso electoral calificando como modélico el sistema de votación existente en Venezuela (uno de los más modernos del mundo), los medios españoles han pretendido mostrar siempre el proceso electoral bolivariano como algo irregular y corrupto, sin tener en cuenta los informes de los observadores externos. Tras las últimas elecciones de 2013, en las que Nicolás Maduro obtuvo una victoria muy ajustada sobre Capriles, el derrotado animó a sus defensores a salir a la calle para denunciar irregularidades en las votaciones: las violentas oleadas de protestas alentadas por Capriles se saldaron con siete personas muertas.

El sesgo conservador de Televisión Española

La evidente manipulación a la que está siendo sometida la sociedad española a través del canal de Televisión Española pública está alcanzando cotas alarmantes. La televisión pública (mantenida con el dinero de todos) es un derecho al que todos los ciudadanos deben tener acceso, pero ésta debe proporcionar una información objetiva. Si bien es cierto que es difícil alcanzar la objetividad plena, esto no puede servir de excusa para emitir unos contenidos informativos que sirvan a los intereses del Gobierno de turno, como es el caso del Partido Popular en la actualidad. Radio Televisión Española es un servicio que sufragan todos los contribuyentes y, por tanto, éstos tienen derecho a que la información que se les proporcione sea veraz, sin ningún sesgo político y sin ocultar información, con la intención de que la sociedad sea consciente de la realidad en la que vive. A pesar de ello, durante el Gobierno del Partido Popular, éste servicio público entendido como un instrumento al servicio de los ciudadanos, ha sufrido un enorme revés.

La ley de 2006 establecía un mínimo consenso en la elección del Presidente de RTVE, ya que exigía los dos tercios del Congreso para su aprobación. Sin embargo, el Partido Popular decidió acabar en 2012 con esta ley pasando a bastar la mayoría absoluta del Parlamento a la hora de elegir al máximo dirigente de la televisión pública española, con lo que se aseguraba el control total de RTVE, ya que con la reforma podría elegir a quien quisiera como presidente sin necesidad de negociar. ¿Por qué llevó el Partido Popular a cabo esta reforma? No parece que haya sido con intención de mejorar la imparcialidad (obligatoria en un servicio  público) de sus informativos, ya que si se exige consenso, necesariamente habrá cierta pluralidad. A todas luces se ve que la reforma estuvo hecha con el fin de controlar ideológicamente el canal de información público. Sea como fuere, tras la reforma y nueva formación del Consejo de RTVE, éste eligió como director de los servicios informativos a  Julio Somoano, ex presidente de informativos e Telemadrid. Cabe preguntarse si la persona más indicada para presidir un canal  de televisión público en el que debe primar la imparcialidad, es alguien cuya tesis doctoral se titula “Estrategia decomunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales”.

La retrógrada reforma de Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

La controversia que ha desatado la futura ley del aborto tanto entre los opositores del Partido Popular como entre sus propias filas, deja en evidencia el retroceso social que supone la modificación de esta contrarreforma impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que plantea, entre otros, la eliminación del sistema de plazos y la más aún restrictiva eliminación del supuesto por malformación del feto. El nuevo texto, que no sólo recuperaría, sino que endurecería la ley del aborto de 1985, supone la supresión del derecho a decidir de la mujer ya que ésta no podrá abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación como estaba estipulado hasta ahora, sino que la nueva ley se regirá por un sistema de supuestos, es decir, sólo en casos concretos se podrá abortar.

Esta propuesta de ley no sólo responde a la ideología reaccionaria de la línea más dura del Partido Popular, sino a la intencionada condena de las clases más desfavorecidas a las malas condiciones sociales. Estudios de la Organización Mundial de la Salud concluyen que las medidas restrictivas no reducen el número de abortos, es más, lo que hacen es aumentar el número de prácticas abortivas clandestinas e ilegales, lo que conlleva a graves riesgos sanitarios. En este sentido, la futura ley del aborto es una ley discriminatoria, puesto que la mujer que quiera abortar lo seguirá haciendo aun fuera de la ley. La diferencia estriba en que las únicas mujeres que podrán someterse a un aborto con las condiciones sanitarias necesarias serán las que lo hagan en el extranjero gracias a sus recursos económicos. El resto deberán abortar en clínicas clandestinas con malas condiciones sanitarias arriesgando su propia vida.

"Obrero y de derechas, ¡Y a mucha honra, oiga!"

Viñeta de El Roto

Si observamos la situación social actual, no sólo de España, sino de todos los países del sur de Europa, veremos que el descontento con las políticas de austeridad que los gobiernos están imponiendo bajo el mandato de la llamada “troika”, es generalizado. Las políticas de recortes en educación, sanidad, la privatización de sectores públicos o el empeoramiento de las condiciones laborales no gozan del favor de la mayor parte de los ciudadanos, y muchos de ellos se manifiestan en las calles, a pesar de que desde el Gobierno se encargan de amedrentar a los atrevidos que se atreven a protestar. Esta represión policial es, posiblemente, la que hace que muchos de los ciudadanos descontentos se lo piensen dos veces antes de salir a protestar, pero hay muchos otros que no salen a la calle por otro motivo: a pesar de ser trabajadores y defienden a la derecha neoliberal.

El obrero (o trabajador, por no sonar revolucionario) de derechas es aquel trabajador que, viendo que la gente con mayor poder adquisitivo, (la clase alta, es decir: banqueros y grandes empresarios) es de derechas, adopta la misma forma de pensar porque cree que algún día así llegará a pertenecer a esa clase elitista, explotadora y sin escrúpulos. El hecho de llevar traje a la hora de trabajar o tener un chalé en la sierra ya le hace sentir que no es trabajador, que no pertenece a esa parte de la sociedad que debe ponerse un mono azul o reflectante durante su jornada laboral. Lo que el obrero de derechas no sabe es que su idolatrada clase alta, los empresarios ejemplares (cuyos únicos méritos son sus beneficios monetarios al final del ciclo económico y no el buen trato a sus empleados), gozan de tal situación económica aprovechándose de su trabajo. La completa ignorancia del obrero de derechas sobre lo que realmente supone una ideología de este tipo es la única explicación para que la defienda.

El dilema de Francisco de Goya

          Con motivo de la celebración de los levantamientos populares que se iniciaron en Madrid hace 205 años contra las tropas napoleónicas que pretendían invadir España, no serán pocas las menciones que se harán al famoso cuadro de Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo. Se repetirá la historia de siempre: los madrileños, a quienes se pretendía imponer un rey extranjero (José Bonaparte), salieron a la

Autorretrato,
de Francisco de Goya (1815)

calle con piedras y cuchillos para expulsar a los franceses que querían someterlos. Por supuesto, esta afirmación no deja de ser cierta pero, como suele suceder, hasta nosotros sólo llega una versión simplista de los acontecimientos,  una versión que pretende avivar un sentimiento nacionalista y que no permite ver el conflicto en toda su dimensión. A pesar del legítimo levantamiento del pueblo español contra las tropas napoleónicas invasoras, muchos intelectuales españoles de la época como Juan Meléndez Valdés o Leandro Fernández de Moratín veían en los franceses la llegada de las luces a un país sumido en la miseria, la incultura y el analfabetismo, un país todavía esclavizado por el peso de la religión, la superstición y la ignorancia al que unos Carlos IV y Fernando VII traicionaban y oprimían. Francisco de Goya fue uno de estos intelectuales que veían en la llegada de los franceses la esperanza de que el germen de la Ilustración quedara en tierras españolas e hiciera florecer la revolución intelectual y cultural que había acontecido en Francia. No fue el único, pero, al igual que él, los que defendían la llegada de los vecinos del norte fueron tachados de "afrancesados", antipatriotas y traidores. El deseo de que la cultura y el triunfo de la razón ilustrada llegara a España era, como lo sigue siendo hoy en día, idea incómoda para algunos.

Falsas Esperanzas

          La simpleza con la que la otrora “lideresa” de la Comunidad de Madrid habla y escribe sus artículos en los medios de comunicación es pasmoso. En su post del 30 de abril titulado “Sí, hay alternativa”, sentencia con la habitual profundidad analítica de sus discursos: “Ha llegado la hora de aplicarla (la alternativa del Partido Popular): reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y familias para sacar a España de la crisis”. Perfecto. Según ella, recortando más y más en el sector público, en Sanidad, en Educación y Cultura, las entidades bancarias darán crédito a todas las familias para que compren y se reactive la economía. Todo muy simple, muy limpio, pero lo que nos quiere decir realmente es lo que ya todos vemos: despediremos funcionarios para ahorrar dinero y así pagar la deuda. No dice nada de que a más parados, menos consumo y menos recaudación para las pensiones. Y sin consumo, el sistema económico se hunde poco a poco, y sin pensiones, los jubilados se quedan sin ingresos.

Esperanza Aguirre

          La política de reducción del sector público es la que aplicó la más rancia y reaccionaria de las integrantes del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, gracias a la cual nos quiso hacer ver que había rebajado el déficit de Castilla La Mancha en más de 6 puntos, algo que no había conseguido ninguna otra comunidad autónoma de España. Lo que no dijo es que, para lograr ese déficit, recortó al máximo en Sanidad y Educación: incrementó del número de alumnos por aula, eliminó la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar, aumentó del horario laboral de los profesores a la vez que fomentó las prácticas no remuneradas de los becarios, intentó cerrar los servicios de urgencias nocturnos (proyecto al que finalmente tuvo que renunciar tras declararlo inconstitucional el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)... Todo ello acompañado de una subida de los sueldos de los altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha mientras que se aplicaba una reducción de salarios a todos los funcionarios. Si a esto le sumamos que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más alta tasa de desempleo (31,51%), resulta más que evidente que la reducción del déficit se está consiguiendo a costa de destruir el Estado de bienestar.

Un mundo deshumanizado

          En un mundo donde la obsesión por la especialización y la ciencia tecnológica se han convertido en la directriz vital de todo ciudadano del siglo XXI que se precie, las Humanidades han quedado relegadas a un segundo plano, como una disciplina mirada con desdén por quienes ostentan el cetro de la modernidad y el avance que supone la revolución tecnológica que venimos viviendo en los últimos años. Si consideramos la poca atención que se presta a las asignaturas de Literatura, Filosofía o Historia en los sistemas educativos, sin hablar de carreras universitarias tan despreciadas como puede ser la de Historia del Arte, constatamos la poca importancia que se da a estas disciplinas, pilares fundamentales del desarrollo social e intelectual y, gracias a las cuales, se ha ido construyendo a lo largo de la historia la sociedad en la que vivimos.

La escuela de Atenas (fragmento) de Rafael, (1510-1511)

         Es difícilmente comprensible la existencia del Estado moderno sin conocer a Maquiavelo o Rousseau. Asimismo es imposible tener un conocimiento básico de lo que es la democracia (término tan usado y desvirtuado hoy en día), sin haber leído a Platón. ¿Cómo vamos a ser capaces de entender lo que significa y debe ser la división de poderes sin saber, ni de oídas, las teorías de Montesquieu? Los conceptos básicos que rigen nuestra sociedad, gracias a los cuales vivimos en mayor o menos grado de libertad, nos han sido otorgados gracias a la Filosofía. Conceptos que hoy nos parecen tan obvios como la Justicia, la Libertad, la tan hoy mencionada "desobediencia civil" o el existencialismo son conceptos que desarrollaron Aristóteles, Stuart Mill, Thoreau o Sartre y que se utilizan hoy en día sin tener un conocimiento concreto de lo que significan. Sin el saber necesario sobre estas materias, la sociedad es fácilmente manipulable, fácilmente influenciable. La Filosofía ayuda a cuestionar a los demás y a uno mismo, a ser inconformista y exigente. Es un requisito indispensable para poder conocerse a uno mismo, a los demás y para entender y descubrir el mundo que nos rodea, a menudo oculto por quienes no quieren que sea visto.